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Politica

Una Fiscalía «de trinchera» para Cataluña

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La propuesta que va a hacer el Gobierno para designar a Dolores Delgado nueva fiscal general del Estado tras su forzada salida del Ministerio de Justicia ha generado una insólita convulsión en el planeta judicial y dentro del Ministerio Público. Y no tanto por la sorpresa que representa un compromiso personal de Pedro Sánchez para resguardar a una de sus ministras más incondicionales, combativas y políticamente beligerantes al frente de la estrategia para «desjudicializar» el «conflicto político» con Cataluña, sino más bien por la impúdica estética del propio nombramiento.

El día de ayer, había fiscales que «sotto voce» charlaban de «pornografía política» para acotar la trayectoria que Sánchez ha desarrollado para Delgado: desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Ministerio de Justicia, de Justicia a un escaño del Partido Socialista, y de ahí directa, sin solución de continuidad, a dirigir la Fiscalía General.

Una «hooligan» que no da mucha confianza

La discutida figura de Delgado, sus sistemáticos aspavientos de «hooligan» parlamentaria en la bancada azul del Congreso, sus antecedentes de vinculaciones con el excomisario Villarejo, y la aspereza que manejaba con los colectivos de la justicia en el cada día del Ministerio, la transformaron en una ministra en decadencia prácticamente cancelada para proseguir en el cargo. Desde exactamente el mismo día de su nombramiento, Delgado jamás fue la interlocutora admisible que Sánchez pudo tener siempre y en todo momento en la recámara para negociar con el PP la renovación de órganos constitucionales como el TC, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.

Delgado jamás tuvo el perfil de linimento del Partido Socialista Obrero Español para abordar las cuestiones de Estado que pudieran ser útiles para el Partido Socialista y el Partido Popular. Le faltaban las dosis altas de empatía que otros ministros y líderes socialistas sostenían en los segundos peldaños del poder, de forma más prudente y sin gesticulaciones de insolencia política, para cerrar pactos pragmáticos en el planeta judicial. O bien cuando menos, para acordar reformas.

Al revés de lo que Sánchez espera ahora de Juan Carlos Campo, Dolores Delgado era un punto de fricción en el engranaje judicial, y había dejado de ser útil para proseguir al frente de una cartera tan frágil que de manera frecuente requiere «trabajos» políticos enterrados y no griterío sobreactuado en la superficie.

No obstante, el propósito de Sánchez pasa ahora por «domesticar» a la carrera fiscal, de extracción mayoritariamente conservadora, y que a lo largo de los últimos meses ha reivindicado su autonomía como rara vez lo había hecho ya antes en democracia, en frente de resoluciones políticas desmesuradas vinculadas a los procesos penales sobre Cataluña. Fiscales progresistas incluidos… Para esta tarea más invasiva y menos sutil, Sánchez sí cree precisar a Delgado.

Dignidad por encima de la ideología

No obstante, Delgado no concita acuerdos ni simpatías en extensos ámbitos de la Fiscalía, incluidos ciertos círculos progresistas de relevancia. Si su propósito, como temió el día de ayer la mayoritaria Asociación de Fiscales, es «domeñar» a los fiscales con instrucciones de obediencia debida, sumisión forzosa y ejercicio sin discusión, Delgado no lo va a tener simple. El Ministerio Público está explorando una fase menos politizada que las vividas en temporadas pasadas con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en el poder.

En los últimos meses ha emergido una reivindicación profesional dignificadora de la carrera que invita a dar por superados ciertos complejos y pendencias ideológicas, y que ha transformado en un razonamiento simplista reducir la Fiscalía a una pura pelea de poder entre conservadores y progresistas. Todo es el día de hoy más complejo. De ahí que, cualquier intento de imponer por fuerza un servilismo jerárquico sobredimensionado va a encontrarse con una oposición interna que años atrás habría sido prácticamente imposible, y desde entonces inopinada.

Lo que con el nombramiento de Juan Carlos Campo como nuevo titular de Justicia pudo interpretarse el sábado como un ademán velado de Pedro Sánchez para procurar sellar una paz institucional con el Partido Popular en materia judicial, se transformó el día de ayer, con la propuesta de Delgado, en una declaración de guerra institucional, y en una falta de respeto para fracturar cualquier mínimo asomo conforme político que pudiese generarse entre Sánchez y la derecha. Con Delgado al frente de la Fiscalía no es arriesgado predecir enfrentamientos internos de magnitud en el Ministerio Público y el renacer de viejos aires de rebeldía lícita dentro de la carrera.

Una vez que se definiera a sí como «fiscal de trinchera» y, por consiguiente, como «ministra de trinchera», con la connotación ideológica y de concepción del poder que ello lleva aparejado, Delgado ya no precisará invocar ítems inherentes a la Fiscalía General como autonomía, objetividad, independencia, defensa de la legalidad o bien ecuanimidad. Si la carrera se ajusta a la propia reflexión de la ex- ministra sobre su combativa vocación por las trincheras, se aproxima una administración de la Fiscalía de forma profunda ideologizada.

Y, desde entonces, orientada al compromiso expreso asumido por Sánchez a lo largo de su alegato de investidura: poner coto a la «deriva judicial» contra los líderes separatistas, «desjudicializar la política», y aceptar que «la ley, por sí sola, no basta».

Sus antecesores tenían más prestigio

En todo caso, la «auctoritas» de Delgado dentro de la carrera, su prestigio profesional interno, y su crédito en concepto de repercusión, no es exactamente exactamente el mismo que muchos otros predecesores en el cargo. Y naturalmente, no es el de Javier Moscoso, único antecedente de un ministro que dejó de serlo para acceder al cargo de fiscal general con un Gobierno socialista, en mil novecientos ochenta y seis.

Por entonces, la izquierda no cuestionaba las «puertas giratorias», mas ahora que Partido Socialista y Podemos han prometido legislar contra ellas, las burlan sin dar explicaciones. Mas no es preciso pues Sánchez ni tan siquiera disimula. Esta vez no engaña a absolutamente nadie. Ha desarrollado una Fiscalía de trinchera en la mesa de su Consejo de Ministros.

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